jueves, 15 de marzo de 2012

Breve historia de la minería en el Ecuador y sus implicaciones ambientales


Gustavo Morejón J.,  biobanco@gmail.com

Se dice que un país que no conoce su historia está condenado a repetirla. La historia de la minería en Ecuador se remonta a 3500 años A.C. En el período Valdivia Tardío, se usaron los primeros materiales provenientes de excavaciones para obtener arcilla y barro. Posteriormente, en las culturas Machalilla y Chorrera, todas estas artes se perfeccionan y la extracción de materiales se intensificó. El la cultura La Tolita y Pampa de Oro, la metalurgia se desarrolla intensamente y se usa principalmente el oro para elaborar diversos objetos. El oro se obtiene en ese entonces de diversas fuentes, principalmente oro de origen aluvial (Cómo hasta ahora se hace en algunas regiones). En 1532 con la conquista española del Tahuantinsuyo se inició una etapa donde la extracción del oro fue intensa. El siglo 16 es el siglo del oro. Comienza con el saqueo de los españoles de lo que los indígenas elaboraron en oro y plata. Durante la época de la independencia, por medio de un decreto firmado por el Libertador Simón Bolívar, se declaró exentos del servicio militar a todas las personas que desearan dedicarse a la minería, para incentivar ésta actividad.

En octubre de 1829, el Libertador dictó en el cuartel general en Quito el "Reglamento sobre Minas para la Gran Colombia", declarando que las minas pertenecen a la República, cuyo gobierno las concedería en propiedad y posesión a quienes las pidan", exonerándoles del pago de aranceles e incentivando la formación de un fondo que permita el mantenimiento de una cátedra de minería y mecánica en las provincias mineras. El 25 de Septiembre de 1830, luego de que el día 22 el General Flores asumiera por primera vez la presidencia de la nueva República del Ecuador y el 23 promulgara la Constitución de la misma, fue dictada la ley para "Promover el fomento de las minas". Vicente Rocafuerte estableció por decreto en 1837 un Juzgado de Minas en Azogues, y ordenó abrir un camino al cerro Pillzhum para explotar la mina y declaró libres de derechos de importación a los equipos mineros.

En 1880, dado el éxito obtenido en Pillzhum y en Zaruma, se desató el interés de la minería nuevamente, lo cual dió como resultado el "Código de minería de 1886", expedido por Plácido Caamaño, que determinó como se transferirían las concesiones mineras, propiedad del Estado, a manos privadas, dando enormes ventajas a las empresas mineras privadas. En 1896, el presidente Eloy Alfaro hizo un contrato con la empresa Viggiani y Cia. para la explotación en la Península de Santa Elena. Durante los dos años siguientes, el gobierno de Alfaro puso especial interés en el arrendamiento de las minas a varias empresas que le siguieron en éste emprendimiento.

En 1900, Eloy Alfaro modificó el código de minería de 1886, estableciendo el plazo del arrendamiento de las minas hasta por 50 años; pero luego, al subir al gobierno Leonidas Plaza, volvió a ser modificado éste código, estableciendo el arriendo de las minas a perpetuidad. Bajo este esquema, en 1921, el geólogo de los Estados Unidos Benjamin Franklin Wallis, recibió la licencia para explorar minas en el Cojitambo y en Cuenca. Le siguió el Colombiano Cicerón Castillo, quién obtiene permiso para explorar y explotar minas en Nulti, Paccha y Santa Ana, en el cantón Cuenca; y en Déleg y Cojitambo, en el cantón Azogues. Posteriormente, al sur del Ecuador (principalmente en Zaruma y Portovelo) en 1915 la empresa minera South American Development, al mando de Mellick Tweedy, emprendió la explotación de oro por un período de 30 años, aprovechando un recurso que los Ecuatorianos hasta entonces nunca supieron utilizar.

En 1933 sucedió algo curioso, y aquí me desvio un poco hacia el lado de la extracción petrolera: El Estado cruzaba por una gran depresión económica y el Congreso (debido a su escuálida situación fiscal), trataba de incentivar la agricultura y al mismo tiempo disminuir el precio del galón de combustible en el mercado. Para ello, expidió un decreto mediante el cual los automóviles debían usar una mezcla de 80% gasolina y 20% alcohol, por lo cual "la venta de la gasolina pasó a ser controlada por el Estanco de Alcoholes y Tabaco". Por supuesto, la iniciativa no resultó. En Agosto de 1939 se realizó en Quito el Primer Congreso Nacional de Minería y Petróleo, inaugurado por el Presidente Mosquera Narváez. En los discursos pronunciados se condenó al nacionalismo de la dictadura de Enríquez Gallo y se recomendó solucionar los conflictos contractuales o legales con las compañías mineras. El mismo año, el Congreso Nacional, restableció la exoneración de derechos a los bienes importados por las compañías mineras extranjeras. Uno de los resultados de los beneficios otrogados fue la primera exploración petrolera en el Tiputini.

Entre 1925 y 1948, se repartieron alegremente -los 27 gobiernos de turno, durante los 23 años, a veces sin cumplir las leyes vigentes- primero contratos de arrendamiento minero y luego concesiones; extensiones territoriales que rebasaban el máximo permitido por las leyes o elementales leyes de protección del interés del Estado, tanto en la exploración petrolera como en la minería de diversos tipos, llegando a entregar hasta 10 millones de hectáreas a una sola compañía en una sola región. Lo curioso es que las regalías de éstas explotaciones fueron menores a las fijadas 400 años antes por el Rey de España en la Colonia, hasta menos de la tercera parte del Quinto Real, y se fijaron regalías absurdas del órden de unos pocos centavos de dólar, consideradas como pago anual de derechos superficiarios por hectárea. Recordemos que en 1942, Arroyo del Río, quién era abogado de muchas empresas extrajeras, concesionó grandes extensiones para exploración y explotación a dichas empresas. Entre 1948 y 1960, gracias a que el Ecuador se convirtió en el primer exportador de banano, la actividad minera disminuyó significativamente.

Sin embargo, Zaruma y Portovelo siguieron atados a la minería en forma artesanal y de subsistencia. Desde la década de los 70, se emprende una agresiva minería informal y pequeña caracterizada por una baja tecnología y poca productividad, especialmente en zonas como Nambija. En ésta misma década, en el río Santa Bárbara, cerca a Sig Sig, se explotó la mina Peggy y un grupo finlandés – peruano, explotó la mina polimetálica de La Plata en Toachi ( Santo Domingo de los Colorados). Esto se ha realizado desde entonces sin recursos estatales y sin control ambiental alguno. En 1974 se expidió la Ley de Fomento Minero, que define a la pequeña minería como “la actividad desarrollada por quienes laboran minas cuya explotación no pase de mil quinientas toneladas mensuales de mineral” o “cincuenta toneladas diarias de material mineralizado”... “cuando se trata de explotación y beneficio de lavaderos y placeres aluviales”.

En la década de los ochenta, aparecieron las empresas Newmont y Río Tinto Zinc, acompañadas de todas las grandes como Placer Dome, Echo Bay, Billinton , TVX, Goldfields y Anglo, que buscaban encontrar nuevos depósitos, semejantes al gigante Yanaccocha del Perú. En el gobierno de León Febres Cordero, se promulgó el decreto ley número 06, que con la Ley de Minería del año de 1985, mantiene el sistema concesionario, entregando derechos mineros, también hasta superficies de 50.000 hectáreas. En dicho gobierno, se introduce el pago de patentes por hectárea de superficie, en valores entre el 1 y 2 % de un salario mínimo vital vigente, durante plazos definidos, con obligación de trabajos e inversiones mínimos. Se establece una regalía del 3 % de la producción bruta.

En 1987 en Nambija, la población creció a 20.000 personas dedicadas a la explotación incontrolada del oro. Se calcula que de esta región han salido no menos de 4 millones de onzas de oro, pero la forma anti técnica en que se explotaban las minas causó en 1980 una avalancha que mató alrededor de 300 personas. Pero luego de ésta época de minería informal, se vino una época en la que gente con mayor capital, decidió también emprender una minería donde se intentó obtener un mayor beneficio con una mayor inversión. Así es como, junto a los pequeños mineros informales de Bella Rica en Azuay, ingresaron mineros con mayor capital para obtener oro con chancadoras más sofisticadas, usando flotación y cianuración.

Pero eso no significó que la minería pequeña llevada a cabo informalmente haya cesado sus actividades. Al contrario, se expandió como una plaga y muchas zonas del país comenzaron a ser exploradas y explotadas por mineros informales, luego de las experiencias de aquellos mineros que les precedieron e hicieron fortuna con una minería anti técnica, sin responsabilidad ambiental y peor aún, responsabilidad social. Muchos de ellos obtienen ganancias suficientes como para invertir en grandes maquinarias o alquilarlas. Otros utilizan pequeñas herramientas o las alquilan. Pero todos éstos mineros informales o pequeños mineros carecen de un estudio de impacto ambiental y peor aún, jamás han hecho un plan de manejo y plan de cierre de una mina. Así el país durante varias décadas estuvo a merced de grandes depredadores mineros que hacían uso indiscriminado de sustancias como el cianuro, arsénico y produjeron un incalculable daño ambiental. Hasta 1991, Ecuador carecía de normas ambientales específicas para la gestión minera.

En 1991, en el gobierno de Rodrigo Borja y la Izquierda Democrática, se dicta una nueva Ley de Minería - denominada también Ley 126 - la misma que mantiene los principios de dominio del Estado sobre minas y yacimientos; sin embargo, incorpora clara y categóricamente los derechos reales mineros. Así, la concesión minera tiene la connotación, estatus jurídico de propiedad real y goza de la protección y ventajas aplicables a la propiedad privada; a pesar de esto, la concesión es independiente de la superficie del terreno (La Pequeña Minería en el Ecuador, Fabián Sandoval, IIED, 2001). La ley emitida por el gobierno de Rodrigo Borja, no establece limites al número de concesiones, pudiendo tener cada una superficies de hasta 5.000 hectáreas. Se establece el pago de patentes con equivalente monetario y no salarial, con un valor inicial de 1.000 sucres por hectárea minera, lo cual equivalía a un dólar en la fecha de promulgación. En aquella época, la transferencia de derechos mineros era libre, sujeta a la obligación de notarizar los contratos e inscribirlos en el Registro de la Propiedad, con la correspondiente notificación a la administración minera del Estado.

En el año 2000 se expide la Ley para la Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana (Ley Trole II), donde se establece que : “El Ministerio de Energía y Minas promoverá la evolución de la minería en pequeña escala hacia una mediana y gran minería a través de programas especiales de asistencia técnica, de manejo ambiental, de seguridad minera y de capacitación y formación profesional, con el aporte de inversión nacional o foránea”. De acuerdo a los resultados del monitoreo ambiental realizado en varios distritos de minería aurífera en el país, caracterizados por la intensidad de las labores mineras a pequeña escala, durante 1996 y 1998, se concluye que:

“La minería de oro en el sur del Ecuador ha causado considerables impactos ambientales, siendo los más severos los de las áreas Portovelo-Zaruma y Ponce Enríquez. Los principales contaminantes son cianuro, metales pesados y mercurio. Las fuentes más significativas de estos contaminantes son las colas descargadas directa o indirectamente en los ríos, por los sistemas de disposición inadecuados. La descarga de estos contaminantes ha provocado la extinción de toda forma de vida superior en ciertos tramos del ríos; además, en varios lugares, la mala calidad del agua imposibilita su uso como agua potable, para irrigación o criaderos acuáticos.” (Ministerio de Energía y Minas del Ecuador (1999) Monitoreo ambiental de las áreas mineras en el sur del Ecuador 1996-1998, PRODEMINCA. Quito). La minería informal, como visualizan dichos reportes, ha causado graves perjuicios al medio ambiente al Ecuador, sin embargo es una actividad que beneficia a un sector significativo del país.

El 18 de Abril del 2008, la Asamblea Constituyente del Ecuador, expide el famoso “Mandato Minero”, mediante el cual se extinguían todas las concesiones mineras que no hubieran sido legalizadas y no contaran con su respectivo Estudio de Impacto Ambiental. En esa época, la Cámara de Minería protestaba diciendo que aquello impediría inversiones en ese sector por valor de 2.000 millones de dólares en los próximos dos años y la creación de 70.000 "empleos de calidad" en Ecuador en la próxima década. Luis Pachala, representante de un grupo indígena que se dedica a la explotación de recursos minerales, dijo a los periodistas del rotativo manabita “El Diario” que "no analizaron los efectos de la Ley", pues ésta los deja en el desempleo. En el mismo diario, se detalla como “con algunas danzas folclóricas y acompañados por un grupo de indígenas Shuar, los mineros se concentraron en la Plaza de la Independencia para reclamar la presencia en el balcón de Carondelet de Correa”, para hacerle conocer su protesta contra las restricciones a la minería en el Ecuador.

Mientras eso sucedía, Humberto Cholango (Presidente de la ECUARUNARI), declaraba que “lo que se acaba de aprobar en la Asamblea Constituyente con 95 votos a favor del Mandato Minero, son votos de la soberanía para recuperar la minería para todos los ecuatorianos/as”. En aquel entonces, Alberto Acosta era presidente de la Asamblea Nacional y declaraba “Estamos estableciendo reglas claras para que se defina a futuro cómo va a ser la minería metálica mediana y a gran escala; habrá que elaborar una Ley y el Mandato menciona el plazo de 180 días”. El Mandato fue aprobado con los votos de Acuerdo País; Pachakutik; MPD; 3 de PSP, (Manuel Mendoza, Humberto Guillén y Holger Chávez); RED, (menos Jhonni Freire-suplente de Alfredo Ortiz); ID; PRE; Honradez Nacional; y los independientes Rafaél Esteves y Marcelo Villalva.

El 29 de Enero del 2009, el presidente Rafael Correa, expide el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la República del Ecuador, lo cual constituye un hecho importante en el manejo minero en el Ecuador, pues exige a las empresas mineras a cumplir un estricto esquema ambiental en sus planes de exploración, explotación y cierre. En el capítulo III, artículo 7 de dicho reglamento, se establece que aquellas personas que inician una actividad minera deben seguir un procedimiento para obtener una licencia ambiental en el Ministerio del Ambiente. En el artículo 11 de ése capítulo, se menciona que “Previo al inicio de cualquier actividad minera se presentará al Ministerio del Ambiente el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental...”. Con éste reglamento, inicia una nueva etapa para la minería en el Ecuador, con una visión de mayor responsabilidad ambiental y social.

Luego de expedido el reglamento y detallados sus procedimientos, se dió un plazo a los emprendimientos mineros para que se legalicen hasta Diciembre 30 del 2010. Ante el incumplimiento de muchas empresas mineras, el Ministerio del Ambiente decidió entonces emprender la clausura de varias minas. El caso más publicitado de ellos fue la clausura de las minas en Esmeraldas, en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, al norte de la provincia. En ese lugar la destrucción del medio natural y la contaminación de los ríos era evidente, pero a los mineros informales, que usaban grandes maquinarias y explotaban a sus trabajadores (aprovechando sus condiciones de pobreza), se resistían a formalizar sus actividades y ceñirse a un manejo ambiental. Ante el anuncio del gobierno de actuar con mano dura en ése caso, la maquinaria fue escondida en las montañas por los mineros, pero fue localizada y destruida por el Ejército. Según el diario Hoy : “Unas 2 000 familias de Timbiré, Selva Alegre, Chanuzal, Angostura, Playa Nueva, Playa de Oro, San José de Cachaví, Urbina se quedaron sin empleo tras el operativo militar. Eran contratados como jornaleros o trabajaban como recolectores particulares de oro. Estas comunidades están a 70 kilómetros de distancia de la carretera Esmeraldas-San Lorenzo-Ibarra”.

Los operativos de clausura de minas ilegales dejó al descubierto una cruda realidad, y es que un gran porcentaje de la población en Esmeraldas y en otras provincias, se benefician de la minería. El gran problema es que se hace de manera informal, anti técnica y con un fuerte impacto ambiental, tal como lo mencionaban los estudios de PRODEMINCA de 1998. La situación no ha cambiado y es necesario que la actividad minera informal se regule. Mientras eso sucede, las empresas mineras interesadas en los yacimientos descubiertos en diversas zonas del país, han elaborado sus Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Manejo y presentado al Gobierno sus planes de explotación minera. Por primera vez, el Estado cuenta con documentos técnicos verificados sobre el estado ambiental inicial de las potenciales explotaciones mineras, planes de monitoreo ambiental y aprueba planes de explotación técnica de las minas. Aparentemente, el Ecuador comienza a dejar atrás el desastroso manejo minero del pasado para enfrentar un reto singular: la minería tecnificada a gran escala.

Toda ésta historia la he traido a colación con el objetivo de demostrar que no es nada nuevo el que los gobiernos traten de explotar los recursos mineros; pero por primera vez en la historia, el país comienza a tomar un control real sobre la minería, intenta sacar un mayor provecho para el Estado y exige la inversión social y ambiental. Este es el primer Gobierno que promulga una ley de minería que toma en cuenta el medio ambiente y la relación de inversión económica en proyectos de desarrollo social. Los estudios de impacto ambiental de las empresas mineras quedarón definidos en su estructura mediante el Acuerdo Ministerial 011 del Ministerio del Ambiente, el cual es un modelo a seguir en todo América Latina por su prolijidad y detalle. La Constitución, máxima carta del Estado, por primera vez menciona los derechos de la naturaleza y define que el Estado debe ser el mayor beneficiado en los procesos de extracción minera o petrolera. Con un adecuado control y con la posibilidad de control y monitoreo por parte de sectores civiles interesados, mediante veedurías a los proyectos mineros, el Ecuador intenta enfrentar con responsabilidad el reto de una minería responsable, como sucede en proyectos mineros ejemplares como Morro do Ouro y Serra Grande en Brasil.

4 comentarios:

  1. Muy interesante tu comentario pero faltan propuestas técnicas y referencias metalúrgicas o medio ambientales.

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  2. Anónimo : Puedes encontrarlas en mis otros artículos, donde no hablo de la historia de la minería en el Ecuador, sino de aspectos puntuales sobre lugares y sobre el uso del cianuro, por ejemplo. Pero si tienes preguntas puntuales estaré encantado de responderlas si me es posible.

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  3. Que garantías tienen los inversionistas de las transnacionales al momento que les conceden las concesiones como un derecho personal,y, no como era anteriormente como un derecho real que era el titulo demonio....!!!!!

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  4. Las concesiones a nivel personal se dan solamente en minería a pequeña escala, pero actualmente TODOS tienen que cumplir con los EIA's requeridos. Cuando se cumple con todos los requisitos ambientales, existe un contrato legal e impositivo con el Estado. Ya no se confieren títulos, porque acorde a la Constitución Ecuatoriana, los minerales y recursos del subsuelo, son patrimonio exclusivo del Estado. Lo que existe es un contrato mediante el cual se concede el derecho de explotación de los minerales con una estructura determinada de regalías. Anteriormente, Ecuador recibía poco o nada de la explotación de minerales y heredaba los pasivos ambientales dejados por las transnacionales. Ahora se exige una responsabilidad ambiental por parte de las industrias mineras y la estructura de las utilidades obtenidas se negocia entre el Estado y la compañía minera.

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